jueves, 3 de diciembre de 2009

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible

Ante todo, comentaros que no me mueve afán político de ninguna clase y más bien soy apolítico, mi profesión me lo exige en mayor o menor grado muchas veces, pero tampoco soy un manso ni de los que si le das una patada en los huevos te sonríe y da la callada por respuesta.
Reconozco que este gobierno que tenemos ha hecho cosas buenas, pero también ha hecho unas cagadas de órdago, y esta posiblemente sea una de ellas.
Por primera vez y sin que sirva de precedente, me uno a la iniciativa bloggera y publico un post que no es mío pero que ideológicamente lo hago mío. y es que si callamos ante los atropellos y nos dejamos llevar como mansos, al final atropellarán nuestros derechos y nuestra voz se perderá en el viento. Así que hay que protestar, quejarse y exigir que los derechos de unos no están por encima de la libertad de otros.
Y por supuesto; FUCK SGAE
"Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible de modifica­ciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, informa­ción y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usua­rios, profesionales y crea­dores de internet manifesta­mos nuestra firme oposición al proyecto, y declara­mos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial –un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legisla­ción creará inseguridad jurídica en todo el sector tecno­lógico español, perjudicando uno de los pocos campos de desa­rrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la crea­ción de empre­sas, introduciendo tra­bas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legisla­ción propuesta amenaza a los nuevos crea­dores y entorpece la crea­ción cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecno­lógi­cos se ha democratizado extra­ordinaria­mente la crea­ción y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalente­mente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabaja­dores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asocia­das a sus crea­ciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni rea­lista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, debe­rían buscar otro modelo.
6.- Conside­ra­mos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limita­ciones tan desproporciona­das como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políti­cas auspicia­das por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desa­rrollo de una economía sostenible y rea­lista de cara al futuro.
9.- Propone­mos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modifica­ciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previa­mente a todas las partes implica­das. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia. "
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